Atanor en San Nicolás: Reflexiones de una estudiante de Derecho sobre medio ambiente, industria y responsabilidad legal

Nos encontramos constantemente casos que involucran la intersección entre la industria, el medio ambiente y los derechos humanos. Uno de los casos más emblemáticos en nuestra región es el de la planta de Atanor en San Nicolás, una empresa química que, tras años de denuncias y conflictos, fue finalmente cerrada debido a su impacto ambiental negativo.

Crédito de imagen: Foto extraída de La Voz (link al artículo)

Historia y contexto de Atanor en San Nicolás

Atanor es una empresa química argentina que forma parte del grupo multinacional Albaugh, dedicada principalmente a la producción de agroquímicos como herbicidas y pesticidas, compuestos esenciales para la actividad agrícola a nivel nacional e internacional. Su planta de San Nicolás, ubicada en una zona urbana y cercana al río Paraná, funcionó durante décadas como un importante centro productivo.

Sin embargo, a lo largo de los años se generaron crecientes reclamos y denuncias por parte de vecinos y organizaciones ambientales debido a la contaminación que supuestamente provenía de la planta, especialmente por la liberación de sustancias químicas tóxicas en el aire y en los cursos de agua cercanos. La situación llegó a un punto crítico en marzo de 2024, cuando una explosión dentro de la planta provocó la dispersión de una nube tóxica que afectó a numerosos barrios de San Nicolás, obligando a las autoridades a intervenir de forma inmediata.

El impacto ambiental: contaminación y riesgos para la salud

El caso de Atanor refleja un problema que muchas comunidades enfrentan en Argentina y el mundo: el impacto ambiental negativo de actividades industriales que, sin las debidas precauciones y controles, ponen en riesgo la salud de las personas y el equilibrio ecológico.

En el caso particular de San Nicolás, las principales preocupaciones detectadas fueron:

• Contaminación del agua: se encontraron residuos químicos peligrosos en el río Paraná, afectando no solo a la fauna acuática, sino también al suministro de agua para consumo y actividades recreativas.

• Contaminación del aire: la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COVs) y otras sustancias tóxicas en el aire generó problemas respiratorios y de salud entre los vecinos.

• Riesgos para la salud pública: estudios indicaron un aumento de enfermedades respiratorias, alergias y posibles efectos a largo plazo vinculados a la exposición a químicos.

Estos hechos dieron lugar a denuncias judiciales y a la intervención de autoridades ambientales provinciales y nacionales.

Marco jurídico aplicable: normas y principios en juego

Como estudiantes de Derecho, es fundamental conocer qué leyes y principios rigen estos casos para entender las herramientas legales con las que se puede proteger el ambiente y la salud pública. En el caso Atanor, podemos destacar:

• Constitución Nacional, Artículo 41: reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, estableciendo la responsabilidad del Estado y la comunidad para su preservación.

• Ley General del Ambiente (Ley 25.675): establece los principios de prevención, precaución y responsabilidad ambiental, así como la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental para actividades industriales.

• Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051): regula el manejo, tratamiento y disposición de residuos industriales peligrosos.

• Código Penal, artículos 200 y 201: tipifican como delitos la contaminación ambiental que ponga en peligro la salud pública o cause daño a los recursos naturales.

• Normativa provincial de Buenos Aires: que complementa las leyes nacionales, con regulaciones específicas para el control y monitoreo de industrias en la provincia.

Proceso judicial y cierre de la planta: un paso histórico

Tras la explosión y las pruebas presentadas, la justicia provincial dictó una medida cautelar que ordenó el cierre preventivo de la planta de Atanor en San Nicolás. Esta decisión histórica fue producto de una combinación de demandas presentadas por vecinos afectados, organizaciones ambientalistas y la constatación de incumplimientos reiterados por parte de la empresa en materia ambiental.

La medida cautelar implica la paralización de las actividades industriales hasta que se garanticen condiciones adecuadas que no pongan en riesgo el ambiente ni la salud pública.

La relocalización y los desafíos futuros

Ante el cierre, Atanor anunció su intención de trasladar su producción a otras plantas ubicadas en Río Tercero y Pilar. Sin embargo, esta decisión genera nuevas preguntas y preocupaciones:

• ¿Se trasladará el problema ambiental a esas nuevas localidades?

• ¿Se implementarán medidas más estrictas para evitar repetir los mismos errores?

• ¿Qué mecanismos existen para asegurar la remediación del daño ambiental ya causado en San Nicolás?

Organizaciones como Greenpeace y la FOMEA (Federación de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas) han expresado que la relocalización sin una planificación ambiental rigurosa puede ser solo un cambio de lugar del conflicto, sin solución real.

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¿Qué onda con Atanor y por qué deberíamos hablar de esto si estudiamos Derecho?

El fin de semana, estuve en Buenos Aires, y surgió una charla entre conocidos sobre la planta de Atanor en San Nicolás. Comentaban lo de la explosión, la contaminación, el impacto en la salud… y aunque algo había escuchado, no tenía del todo claro qué estaba pasando.

Justo una de mis mejores amigas vive en San Nicolás.

Eso me despertó la necesidad de leer y de entender un poco más. No solo como estudiante de abogacía, sino como persona que quiere involucrarse con los temas que realmente importan. Porque este caso no es una noticia más: es una historia que atraviesa derechos, salud, justicia ambiental y, sobre todo, realidades humanas.

No alcanza con saber leyes

Una cosa es repetir el artículo 41 de la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano. Otra muy distinta es pensar cómo hacemos valer ese derecho cuando una comunidad entera se ve expuesta a sustancias tóxicas, cuando la Justicia tiene que intervenir de urgencia, cuando la salud de la gente está en riesgo.

No alcanza con saber leyes.
Tenemos que usarlas. Tenemos que leerlas en contexto. Aplicarlas con empatía. Y comprometernos.

Creo que como estudiantes de Derecho, tenemos que:

• Conocer las normas ambientales y entender su sentido profundo.

• Defender el derecho colectivo a un ambiente sano como parte esencial de nuestra práctica profesional.

• Estar cerca de las comunidades que reclaman. Escuchar. Acompañar.

• Promover que el Derecho esté al servicio de las personas, no de intereses económicos o políticos.

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Después de leer todo esto, me quedé con más preguntas que certezas. Y me parece importante abrir el diálogo. Porque si no debatimos estas cosas entre quienes estudiamos Derecho, quién lo va a hacer?

Creés que las leyes ambientales que tenemos hoy alcanzan para proteger a la gente?

Qué mecanismos debería fortalecer el Estado para actuar a tiempo?

Cómo se equilibra el derecho al trabajo con el derecho a un ambiente sano?

Qué lugar tienen las organizaciones sociales y la ciudadanía en este tipo de conflictos?

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Gracias por leer hasta acá. Si llegaste, es porque te importa. Y eso ya es un montón.