Somos un país con continuos cambios políticos y económicos, con décadas de inestabilidad monetaria, incumplimiento de contratos, alteraciones unilaterales en las reglas de juego y volatilidad cambiaria.

Hay además de deuda externa, una enorme deuda interna, donde el 16% de la población no está conectada a la red de agua potable y el 40% sigue sin acceder a servicios cloacales. Ese debería ser un compromiso impostergable de reparación social básico de políticas de estado asumido por nuestra clase dirigente, más allá de especulaciones electoralistas de política menor.

En este contexto tuvimos una campaña donde se destacaron las hermosas piernas de Cintiha Fernández y los ataques jacobinos de Milei transformado en Robespierre para llevar a la guillotina a la clase política, vendidos como curiosa novedad antisistema a quienes no tienen referencias de ese ciclo histórico del siglo XIX.

Pasado este marketing con sobreactuaciones y pasos paródicos de comedia, habrá que empezar a ocuparse de la agenda de la gente y de la realidad que nos toca enfrentar.

Dentro del sistema en que vivimos, es natural que cada interlocutor social defienda sus intereses; los sindicatos la tutela del orden público laboral de los trabajadores, los empresarios su rentabilidad y el Fisco la recaudación.

Convengamos en que los tres sectores tienen problemas comunes, como la inflación y la devaluación que comprometen la previsibilidad y en consecuencia el nivel de actividad económica.

La situación económico social, no se puede contener indefinidamente con los DEG (derechos especiales de giro del FMI por U$S4.330 millones), ni con el boom de la soja, tarifas congeladas, dólar pisado, cepo al dólar, a la carne, a las importaciones, exportaciones y controles de precios.

El resultado electoral mostró que dentro del gobierno hay dos modelos de país y esa circunstancia genera mucha incertidumbre.

Los únicos que han quedado fuera de este contexto son los Unicornios (Mercado Libre, Aleph, Globant, Despegar y otras), que se definen como aquellas empresas capaces de generar un valor de 1.000 millones de dólares durante su primer año de lanzamiento al mercado, aún sin haber abierto su oferta en la bolsa de valores y sin contar con el financiamiento de inversionistas u otras empresas de mayor tamaño.

Agregaría que han encontrado una isla virtual para desarrollar negocios con imaginación en un contexto en que lo único permanente es el cambio.

Precisamente por esta razón los pequeños ahorristas se refugian en el dólar y muchos inversores tradicionales recurren a Fondos comunes de Inversión que compran bonos ajustados por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que es el índice diario del BCRA para seguir la evolución de la inflación, tomando como referencia la variación registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Sin embargo, en esa opción el riesgo no está diversificado porque el Estado es el emisor que acapara el 90% de los bonos ajustados por ese método.

Ahora bien, el trabajador no tiene alternativas de cobertura, sino que su única opción es negociar su salario y condiciones laborales a través de los sindicatos que lo representan para tener haberes por encima de la inflación. Lamentablemente, los sueldos suben por la escalera y los precios de la canasta básica por el ascensor y su capacidad adquisitiva es cada vez menor.

Tenemos que admitir que el actual régimen laboral y el impositivo no son eficaces y el Sistema de Seguridad Social está colapsado por la falta de aporte de trabajadores activos, porque hay más de siete millones que están en la informalidad –es decir en negro-

Muchos jubilados reclaman judicialmente el reajuste de sus haberes y Anses contesta sus demandas en un proceso judicial que dura entre siete y diez años y en el que muchos fallecen sin llegar a la sentencia definitiva y a otros que lo logran se les retiene el Impuesto a las Ganancias sobre el retroactivo.

En este juego de suma cero no hay inversión, trabajo, ni recaudación y si se sigue con la misma fórmula no es posible esperar un resultado diferente.

En materia laboral, no se pueden vulnerar los derechos adquiridos del trabajador que se desempeña en planta permanente, pero debería contemplarse un régimen especial para quienes están fuera del mercado laboral.

Hay una enorme masa de desempleados y trabajadores en negro – unos siete millones – que obviamente no aportan a un Sistema de Seguridad Social colapsado.

Por otra parte, los empresarios reclaman por el elevado costo de las cargas sociales y parecería atendible reducirlas para subsidiar el empleo en lugar subsidiar el desempleo.

En este contexto crítico, me permito proponer para esos casos, un sistema de contratación laboral que en lugar de indemnización, contemple en favor del trabajador la cobertura de un Seguro de Ahorro atado a una variante de Bono Dolarizado, que lo preserve de los efectos de la inflación.

La idea persigue evitarle al trabajador la contingencia de un juicio prolongado por despido, donde su posibilidad de negociar estará limitada por la falta de acceso a otro empleo inmediato que lo obligue a aceptar la indemnización a la baja por su estado de necesidad ante los acuciantes gastos que le impone el costo de vida.

Desde la óptica empresarial, este seguro de ahorro facilitaría la contratación laboral y reduciría el índice de litigiosidad.

En materia de Seguridad Social contribuiría a mejorar la situación de los jubilados por los fondos que ingresarían a las Cajas Previsionales.

En el aspecto fiscal, la incorporación de los desempleados y trabajadores en negro, generará mayor consumo y consecuentemente mejorará la recaudación.

Seguramente la propuesta en materia laboral tenga el efecto reactivador pretendido, debería completarse también con una reforma tributaria que apunte a la estabilidad, claridad y simplificación normativa y operativa.

El sistema tributario es regresivo, porque recae sobre los que menos tienen, a la vez es distorsivo porque afecta los precios y además ineficiente por el alto peso de la economía informal, la subfacturación y la evasión.

Basta recordar que el 20% de los hogares de más bajos ingresos destina a los impuestos al consumo el 49,6% de sus ingresos.

Conforme a la información del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), existen en el país 165 impuestos, de los que sólo diez concentran el 90% de la recaudación total.

Se impone reordenar este complejo sistema impositivo, contemplando una matriz más productivista que recaudatoria, que a la postre beneficiara a los tres sectores a los que se refiere este artículo, en la medida que se sujete al cumplimiento de metas verificables y no al libre albedrío del mercado. Con ese objeto creo conveniente designar una Comisión de Contralor integrada por funcionarios de la Superintendencia de Seguros, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Anses.

Obviamente estas condiciones para mejorar el clima de negocios deben darse dentro de un plan a largo plazo con continuidad, que garantice la seguridad jurídica y un tratamiento especial a las exportaciones para lograr el ingreso de divisas.

Hasta ahora los fracasos sólo sirvieron para buscar justificaciones y chivos emisarios y no parece que hayamos aprendido demasiado de la experiencia, alguna vez habrá que apostar a la racionalidad: ¿por qué no probar?

ALFREDO BELASIO

Abogado Tributarista

“Autor de Multas y Clausura. Ley Penal Tributaria Comentada” Ediciones Universidad 2008.

“Ley Penal Tributaria después de la Reforma de la ley 27430” Ediciones Buyatti 2018

En Doctrina Tributaria de Errepar: «Proveedores apócrífos y economía informal” en el N° 369 de diciembre 2010 y «Responsabilidad profesional y penal del Contador Público» en enero 2012 T°/Boletín XXXIII.

En Doctrina Penal Errepar N° 16 de Septiembre 2010: «Ley Penal más benigna y normas penales en blanco».

“La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Comentada” Ulpiano Ediciones 1998

“Instituciones del convenio Colectivo de Trabajo” Organización Mora Libros, 1989