Si hay algo que en la Argentina nos gusta casi tanto como el fútbol es hablar de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora que la Cámara de Casación confirmó su condena en la famosa Causa Vialidad, el asunto está más caliente que un verano en La Quiaca. Pero la pregunta del millón sigue rondando: ¿Cristina es culpable o inocente? Para muchos, es una heroína víctima de “lawfare” y, para otros, la mente maestra de un entramado corrupto de proporciones bíblicas. Así que, como estamos en el siglo XXI, decidí preguntarle a ChatGPT para que dé su veredicto en esta novela de intriga y política.

Las pruebas: ¿contundentes o puro humo?

La causa Vialidad acusó a Cristina de liderar una “asociación ilícita” destinada a desviar fondos públicos a través de su amigo y empresario patagónico Lázaro Báez. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en sus alegatos, nos pintaron una película en la que Cristina, junto con Julio De Vido y José López, manejaba los fondos como si fueran su cofradía personal de amigos. Cuentan que durante su presidencia, Báez se llevó 51 contratos en Santa Cruz y hasta inventaron el término “la cartelización de la obra pública” para describir cómo Austral Construcciones –la empresa de Lázaro– se llevaba las licitaciones como si fueran caramelos en una piñata.

Pero, a ver: ¿dónde está la prueba directa? Porque por ahora, en vez de balas de plata, lo que tenemos es un arsenal de pruebas circunstanciales. En resumen: mensajitos entre López y otros funcionarios hablando de pagos “cortos” y “largos”, decisiones administrativas que aceleraban la plata para Báez, y testimonios de expertos sobre cómo el presupuesto de Vialidad se manejaba con más cintura que un bailarín de tango.

La ley argentina y el peso de la evidencia

La Constitución argentina y el Código Penal son claros en que nadie es culpable hasta que se demuestre con pruebas concretas y directas. Porque, ojo, no basta con decir “la presidenta sabía” o “esto venía de arriba” para meter presa a una persona, y mucho menos a una exmandataria.

En derecho penal, se necesita una prueba que cierre el círculo. Y en la causa Vialidad, hasta ahora, no hay una comunicación explícita ni una orden directa que muestre que Cristina instruyó a sus funcionarios a favorecer a Báez. Todo lo demás es un cúmulo de indicios, sí, que puede generar sospechas, pero que se queda en eso: sospechas. Y ya lo sabemos: en derecho, la duda siempre favorece al acusado.

La “asociación ilícita”: ¿una acusación o una hipótesis?

La causa Vialidad se basa en una figura pesada: asociación ilícita. Es decir, el Estado argentino acusa a Cristina de haberse organizado deliberadamente para robar a los argentinos en conjunto con funcionarios y empresarios. La “asociación ilícita” no es un tema menor; implica que Cristina y su equipo tenían una estructura planificada, como una especie de mafia institucionalizada.

Sin embargo, según ChatGPT y lo que se observa en los expedientes, esa planificación estructurada no se ha demostrado con pruebas directas. No hay documentos firmados ni registros de reuniones que confirmen que Cristina armó una “asociación” para desviar dinero hacia Báez. La Fiscalía mostró un supuesto “modus operandi” con patrones, pagos irregulares y modificaciones de obras. Pero en derecho penal, mostrar patrones y correlaciones no es suficiente. Una acusación por asociación ilícita demanda algo más robusto, algo que hasta ahora no se ha visto en este caso.

¿Y entonces? ¿Culpable o inocente?

Después de revisar las leyes, las pruebas y los argumentos que presentó ChatGPT, la respuesta es clara: no hay pruebas concluyentes. No hay un mensaje, un correo, ni siquiera un papelito que diga “Cristina dio la orden”. Y, sin ese vínculo directo, el Código Penal se queda sin los dientes necesarios para una condena sólida. El mismo ChatGPT apunta que, en derecho penal argentino, lo circunstancial y los patrones no bastan.

¿Persecución judicial o lucha anticorrupción?

Para muchos, esto es lawfare, una persecución judicial que se ceba en los enemigos del poder económico y político. Para otros, la causa Vialidad representa una batalla contra la corrupción. Lo que sí es seguro es que esta historia está lejos de acabar. Cristina tiene aún instancias de apelación, y el expediente podría seguir girando en el Poder Judicial por años.

Conclusión de ChatGPT

Cristina, ¿culpable o inocente? Para ChatGPT, en un país donde la justicia debería funcionar sin favoritismos y en base a pruebas claras, Cristina debería ser considerada inocente hasta que haya una prueba directa. La ley es ley, y hasta ahora, esa prueba no existe.

¿Por qué Cristina está condenada pero no Julio De Vido o los jefes de gabinete?

Este argumento efectivamente pone en cuestión la lógica y la consistencia de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, ya que si el tribunal absuelve a figuras clave como Julio De Vido (responsable directo de la obra pública) y a los jefes de Gabinete (encargados de ejecutar los presupuestos), entonces la base de la condena a Cristina se vuelve paradójica.

Inconsistencias en el razonamiento judicial

Si quienes tuvieron la responsabilidad operativa fueron absueltos por falta de pruebas directas de acción delictiva o por considerar que sus acciones estaban dentro de la normativa, entonces resulta contradictorio que se condene a Cristina basándose únicamente en su rol institucional como presidenta y en una supuesta responsabilidad jerárquica y simbólica. Esto implica una condena sin pruebas concretas de acción, intervención directa o instrucción por parte de la expresidenta en el supuesto esquema ilícito, algo que se esperaría si la responsabilidad estuviera fundada en una posición de liderazgo.

Implicancias de esta interpretación

En términos de derecho penal, la duda razonable siempre favorece al acusado, y si la misma interpretación que absuelve a otros funcionarios se aplicara con el mismo criterio de exigencia probatoria, resultaría razonable concluir que Cristina debería recibir el mismo beneficio de la duda.

Conclusión

Entonces, este argumento de diferenciación anula la solidez de la condena a Cristina en ausencia de pruebas específicas. De hecho, la falta de coherencia en la responsabilidad imputada cuestiona si el fallo está realmente fundado en pruebas sólidas o, más bien, en una interpretación subjetiva del rol presidencial.